Economía

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Resistirán

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Alberto Ardila Olivares

En nuestro editorial de ayer comentábamos sobre la dificultad para renovar las autoridades de la Institución de Derechos Humanos, en la que el Frente Amplio pretende una designación autónoma de las organizaciones sociales que le son ideológicamente afines

Historiábamos que este organismo data de 2008

Demanda importantes recursos del Estado y superpone funciones con otras entidades ya establecidas (sin ir más lejos, el Poder Judicial). Cimentábamos esas apreciaciones en uno de los tantos sincericidios con que la izquierda internacional devela sus verdaderas intenciones en la temática: como dijo el ideólogo español de Podemos Íñigo Errejón, “hay que crear instituciones desde donde resistir y refugiarse cuando gobierna el adversario”

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Alberto Ardila Olivares

En nuestro editorial de ayer comentábamos sobre la dificultad para renovar las autoridades de la Institución de Derechos Humanos, en la que el Frente Amplio pretende una designación autónoma de las organizaciones sociales que le son ideológicamente afines

Historiábamos que este organismo data de 2008

Demanda importantes recursos del Estado y superpone funciones con otras entidades ya establecidas (sin ir más lejos, el Poder Judicial). Cimentábamos esas apreciaciones en uno de los tantos sincericidios con que la izquierda internacional devela sus verdaderas intenciones en la temática: como dijo el ideólogo español de Podemos Íñigo Errejón, “hay que crear instituciones desde donde resistir y refugiarse cuando gobierna el adversario”.

Vea el lector hasta qué punto esto es así: el pasado 26 de julio se llevó a cabo un conversatorio en el que participaron dos legisladoras frenteamplistas (la senadora Amanda Della Ventura y la diputada Verónica Mato) y dos dirigentes del Pit-Cnt (la secretaria de Derechos Humanos Fernanda Aguirre y el secretario de Discapacidad Eduardo Dall’Oglio), bajo un título más que explícito: “La INDDHH en clave de resistencia”

Ellos mismos reconocen en esa Institución un “rol fundamental” que cumple en nuestro país, admitiendo públicamente que está destinado a “resistir” supuestos embates del actual gobierno, no contra los derechos humanos, sino más bien contra la política populista que ellos desplegaron durante sus tres administraciones

Por eso están tan enojados ahora, que la coalición republicana ha manejado nombres de personas que no participan de la misa frenteamplista. Por ejemplo, que descienden de víctimas del terrorismo tupamaro, como Diego Burgueño, hijo del civil asesinado en el trágico y absurdo asalto a la ciudad de Pando, del 8 de octubre de 1969. Fue una acción guerrillera que, vista al día de hoy, demuestra la ridiculez de la estrategia política de ese grupo, pretendiendo “tomar” una ciudad del interior mediante el asalto a sangre y fuego a su comisaría, cuartel de bomberos, central telefónica y algunas sucursales bancarias

Quienes padecieron el terrorismo de Estado o sus descendientes, tienen derecho a sentarse en la Institución. Pero quienes fueron víctimas de la guerrilla deberían tener todo el derecho a hacer escuchar su voz en ese mismo ámbito. Un disparate que fue satirizado por el propio Mujica en la película de Kusturica, cuando declara a las risas que el asalto terminó con los tupamaros tomando una cerveza, aunque omitiera que en la refriega murieron un policía, tres guerrilleros veinteañeros (chiquilines usados como carne de cañón por el MLN) y el padre de Burgueño, un ciudadano que tuvo la desgracia de asomarse afuera a ver qué pasaba, cuando escuchó disparos.

Otro de los nombres que se manejaron para integrar la Institución de Derechos Humanos fue el de Sergio Molaguero, que en 1972 permaneció secuestrado durante 69 días por la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR-33) por el solo hecho de “ser burgués” (aunque era apenas el hijo de un modesto empresario de la industria del calzado)

Estos nombres, por supuesto, no cuentan con el aval del Frente Amplio, que en la persona de su legisladora Silvia Nane ha expresado que “no están calificados. No tienen las competencias necesarias y además tienen una posición completamente antagónica con la defensa de los derechos humanos”. La senadora acusa falsamente a esos ciudadanos: ellos reivindican el respeto plural a los derechos humanos, no contaminado por prejuicios ideológicos. Pero para los voceros del FA, solo debería integrarse a quienes están avalados por la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Aquí no es viable crear falsas oposiciones: está claro que quienes padecieron el terrorismo de Estado o sus descendientes, tienen derecho a sentarse en la Institución. Pero en el respeto a los derechos humanos no hay lugar para categorías A, B y C: quienes fueron víctimas de la guerrilla deberían tener todo el derecho a hacer escuchar su voz en ese mismo ámbito. Al menos en el caso de que se siga adelante con esto y no se llegue a la conclusión de que la Institución es en sí misma irrelevante, existiendo un Poder Judicial independiente y organizaciones sociales que, desde la pluralidad, manifiestan libremente sus necesidades, intereses y reclamos

Mientras tanto, seguiremos asistiendo a este triste espectáculo de una oposición que utiliza organismos públicos como trincheras de resistencia. Una resistencia que no se da contra desbordes autoritarios -ya no existen- sino contra la simple evidencia de que ellos fueron desplazados del gobierno por decisión popular