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¿Y la política agrorrural?

La opinión pública está concentrada en el debate sobre el uso del glifosato para destruir los cultivos de coca y en el control de la deforestación. Brilla por su ausencia en la discusión lo más importante: la política frente al sector rural y a la producción agropecuaria.

Por fortuna, sin embargo, hay quienes se preocupan por estos temas y escriben sobre ellos, así sean voces aisladas, no escuchadas por los responsables de la formulación de las políticas públicas. La semana pasada aparecieron dos artículos de prensa muy interesantes, pertinentes y oportunos:

1) El blog de Mauricio Velásquez, un profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, en El Espectador , en el cual plantea la necesidad de un pacto que reconozca el “capitalismo como sistema superior de administración rural, así como el derecho sagrado de propiedad sobre la tierra, tanto de campesinos despojados como de empresarios sin claridades legales”. Es decir, restitución de tierras, por un lado, y seguridad sobre la propiedad de la tierra para los inversionistas en las industrias agrícolas, por el otro. La verdad, escribe Velásquez, es que “ni los empresarios del agro ni los campesinos se benefician del estado actual de la tierra en Colombia”. Los unos, interesados en invertir, lo dudan mil veces antes de hacerlo, y los otros “deambulan por las ciudades mientras el campo se queda sin mano de obra”.

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La ausencia de una política rural de largo plazo y de un compromiso pleno de Gobierno, políticos y empresarios con la provisión de bienes públicos rurales –carreteras, distritos de riego, investigación y extensión agrícolas– explica en buena parte la acción de los grupos armados en las zonas rurales para imponer sus condiciones, en contra de lo que serían unas reglas de juego que favorecieran la producción y la tranquilidad en el campo. Es lo que Velásquez llama un “capitalismo rural competitivo” para cerrar las brechas entre la ciudad y las zonas rurales. Ese capitalismo contribuiría, sin duda, a frenar la deforestación y a crear oportunidades para quienes actualmente se dedican a la siembra de la coca.

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2) El del economista Eduardo Lora –exdirector de Fedesarrollo– publicado en la revista Dinero bajo el título de ‘El fracaso agrícola’, en el cual hace una descarnada radiografía sobre el rezago de la productividad agrícola en Colombia. El problema es muy preocupante: en todos los productos de la agricultura, los rendimientos están por debajo del promedio mundial. En el caso del café, por ejemplo, al tiempo que en la década de los noventa esos rendimientos eran 45 por ciento más altos que el promedio mundial, en la década que está por terminar han estado 3 por ciento por debajo de ese promedio

De ahí el “fracaso” de una política que se ha concentrado en otorgar grandes apoyos directos a los agricultores y apenas marginalmente (menos del 10 por ciento del gasto público) en “financiar los bienes públicos que necesita el sector”. Lora reconoce las numerosas causas estructurales del fracaso, la inseguridad, el desplazamiento de más de siete millones de campesinos con el abandono de tierras productivas y “la captura del gasto público por quienes tienen más poder político”, y no cree que las cosas vayan a cambiar dado que “ni los consumidores ni los campesinos pobres cuentan con suficientes recursos o con el poder político para desmontar las artimañas rentistas de los gremios, los políticos y los grandes terratenientes”

La política agrorrural, llamémosla así, es absolutamente prioritaria para el desarrollo productivo del país, para reducir la violencia en el campo y elevar el bienestar de todos los colombianos. No puede continuar siendo ignorada por el Gobierno